La iniciativa oficial es cuestionada por considerarse “violatoria de derechos constitucionales” y por “exceder las facultades delegadas” al Poder Ejecutivo en el marco de la Ley Bases. Según el texto del proyecto, la Ley N° 27.742 no delegó facultades legislativas en materia de seguridad al Poder Ejecutivo. En ese sentido, los legisladores sostienen que el decreto “no reorganiza estructuras administrativas, sino que modifica de forma sustancial el rol y las atribuciones de la PFA, lo que implica una extralimitación de competencias”.
“El Congreso solo habilitó al Ejecutivo a reorganizar órganos de la administración central. Bajo ningún punto de vista se autorizó la emisión de normas restrictivas de derechos individuales”, indicaron desde el bloque, al tiempo que denunciaron una “expansión encubierta” de las tareas de inteligencia de la fuerza que podrían solaparse con las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Falta de precisión y riesgos democráticos
Entre los puntos más críticos del decreto, los diputados advirtieron la ambigüedad de términos como “amenaza a la seguridad del Estado” o “alteración del orden público”, que podrían abrir la puerta a abusos de poder. “Este tipo de zonas grises suelen habilitar el uso discrecional de las fuerzas de seguridad, con consecuencias como persecuciones a la protesta, ciberpatrullajes a opositores y restricciones a la libertad de expresión”, señalaron.
Asimismo, remarcaron que el decreto introduce atribuciones extraordinarias a la PFA, como detenciones, vigilancia y requisas sin orden judicial, en el marco de operativos de prevención. Estas prácticas vulnerarían garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como el derecho al debido proceso y la protección contra detenciones arbitrarias.
También alertaron sobre la reinstalación encubierta de figuras similares a los “arrestos por averiguación de antecedentes”, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por su carácter arbitrario y discriminatorio. “Estas figuras suelen utilizarse con sesgos raciales y sociales para realizar controles poblacionales injustificados”, añadieron.
Una reforma sin debate democrático
Para Democracia para Siempre, el decreto 383/25 “carece de transparencia, planificación y debate democrático” y responde más a una urgencia política que a una verdadera modernización del sistema de seguridad. “No hay una planificación sobre cómo se abordarán problemáticas centrales como la violencia, la connivencia institucional o la prevención del delito”, criticaron.
El proyecto de derogación lleva las firmas del presidente del bloque, Pablo Juliano, junto a los diputados Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal.