El menor, de 16 años, había sido detenido e imputado por encubrimiento, dos tentativas de homicidio y participación en el asesinato ocurrido en la Escuela Nº40, donde además otros ocho estudiantes resultaron heridos.

La decisión judicial generó fuerte impacto en la comunidad luego de que el juez Matías Drivet aceptara un recurso presentado por el abogado defensor Pedro Busíco y revocara la prisión preventiva del acusado, al considerar que la medida era “desproporcionada”.

El adolescente permanecía alojado desde el 9 de abril en un instituto de puertas cerradas y debía cumplir una medida de 90 días de detención.

Mientras tanto, el principal acusado del ataque, identificado como Gino C., de 15 años, continúa sin poder ser juzgado ni imputado debido a que todavía no entró en vigencia la nueva ley penal juvenil.

El caso volvió a encender el debate sobre la baja de imputabilidad y las limitaciones del sistema judicial para actuar frente a delitos graves cometidos por menores de edad.

Según la investigación de los fiscales, existirían pruebas de una presunta planificación previa del ataque y un entramado de vínculos personales, familiares y relaciones en redes sociales detrás del hecho.

La tragedia conmocionó a toda la provincia de Santa Fe y reabrió la discusión política sobre seguridad, violencia juvenil y responsabilidad penal adolescente en Argentina.