Desde la provincia remarcaron que la pertenencia territorial de Lunahuasi está respaldada por la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y ratificada posteriormente por el Digesto Jurídico Argentino en 2014.
“El Gobierno de La Rioja está inventando un conflicto que jurídicamente no existe. San Juan defiende su territorio con la ley en la mano”, sostuvieron fuentes oficiales.
Además, rechazaron las afirmaciones vinculadas al glaciar El Potro y calificaron como “geográficamente falsas” las versiones que señalan que el proyecto tendría impacto sobre esa reserva de hielo.
Según explicaron, el glaciar se encuentra separado del área de exploración por una cadena montañosa y no existe vinculación física ni ambiental con Lunahuasi. También señalaron que la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional respalda esa posición técnica.
En paralelo, el Gobierno sanjuanino aseguró que el proyecto minero cuenta con todos los permisos correspondientes para la etapa de exploración, incluyendo aprobación ambiental vigente y propiedad minera regularizada.
“La única autoridad competente para otorgar permisos en territorio sanjuanino es el Gobierno de San Juan, y eso ya está cumplido”, afirmaron.
Otro de los puntos de conflicto surgió luego de que funcionarios riojanos propusieran aplicar un esquema similar al utilizado entre Salta y Catamarca para la explotación de litio en salares compartidos.
Desde San Juan rechazaron esa posibilidad y remarcaron que “no existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están dentro de su exclusiva jurisdicción”.
Finalmente, el Gobierno provincial defendió el crecimiento minero sanjuanino y aseguró que la provincia atraviesa uno de los momentos más importantes de desarrollo del sector.
“San Juan está construyendo el polo minero más importante de la Argentina”, señalaron, al mencionar inversiones proyectadas por más de 30 mil millones de dólares, la concentración del 60% de los proyectos RIGI del país y el avance de emprendimientos estratégicos como Hualilán, Vicuña y Lunahuasi.
El mensaje cerró con un llamado al diálogo institucional, aunque dejando una advertencia política clara: “Estamos abiertos al diálogo, pero no admitimos que se discutan límites cerrados por ley hace más de medio siglo”.
