El planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, a través de un escrito de 33 carillas en el que los fiscales sostienen que "jamás existieron motivos reales" para justificar la detención domiciliaria. La última palabra la tendrá la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Luciani y Mola cuestionaron duramente el fallo del Tribunal Oral Federal 2, que el pasado 17 de junio concedió el beneficio de arresto domiciliario a la ex mandataria, teniendo en cuenta su edad (72 años) y el atentado que sufrió en 2022, cuando aún era vicepresidenta. Según los fiscales, esos argumentos "no respetan la regla de cumplimiento efectivo de las penas" y generan un "trato desigual" frente a otros presos condenados.

"La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario", insistieron en el documento, y añadieron que la modalidad actual "desvirtúa el sentido de la condena".

Además, los fiscales expresaron su preocupación por el impacto social de la medida, al considerar que puede afectar la credibilidad del sistema judicial. También señalaron irregularidades en el cumplimiento del régimen domiciliario en el domicilio de la ex presidenta en el barrio porteño de Constitución.

En relación a una eventual detención en una cárcel común, Luciani y Mola rechazaron que la reclusión en un pabellón individual pueda interpretarse como aislamiento indebido, argumentando que se trata de una medida compatible con las condiciones de seguridad necesarias.

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa que investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante su mandato.

Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si ratifica el beneficio de la prisión domiciliaria o si ordena que la ex mandataria cumpla su condena en una cárcel común.