La iniciativa fue aprobada en la Knesset con 93 votos a favor y ninguno en contra, y contempla la conformación de un tribunal dentro del sistema de justicia militar israelí para procesar a unos 300 detenidos acusados de haber participado en la incursión armada que dejó alrededor de 1.200 muertos en territorio israelí.

Según la legislación, los acusados podrán enfrentar cargos por genocidio, terrorismo, atentado contra la soberanía israelí, instigación a la guerra y colaboración con el enemigo en tiempos de guerra.

Uno de los puntos más controvertidos de la norma es que habilita la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes sean hallados culpables de genocidio, algo que no ocurre en Israel desde 1962, cuando fue ejecutado el criminal nazi Adolf Eichmann.

Además, la ley establece que ninguno de los detenidos por los hechos del 7 de octubre podrá ser liberado en futuros intercambios o acuerdos de prisioneros.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, calificó la aprobación como “uno de los momentos más importantes de la actual Knesset” y defendió la necesidad de una respuesta judicial contundente frente al ataque.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la medida. La organización jurídica Adalah advirtió que el proyecto limita garantías procesales básicas y sostuvo que una eventual condena a muerte podría constituir “una privación arbitraria de la vida” prohibida por el derecho internacional.

El ataque del 7 de octubre desencadenó la actual guerra en Gaza, donde la ofensiva militar israelí provocó decenas de miles de muertos y una devastación masiva en el enclave palestino, profundizando una de las crisis humanitarias y políticas más graves de los últimos años.